CONADIS actualiza directiva sobre registros de personas con discapacidad

La resolución N° D000128-2026-CONADIS-PRE, emitida por el Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS) el 29 de junio de 2026, actualiza las reglas que rigen el funcionamiento de los registros de personas con discapacidad a nivel regional y municipal. Su relevancia es inmediata: estos registros son la puerta de entrada para acceder a derechos, beneficios y servicios que el Estado reconoce a esta población.

¿Qué establece la norma?

La resolución modifica la directiva existente para la creación, implementación y funcionamiento de los Registros Regionales y Municipales de la Persona con Discapacidad. Conforme al resumen oficial, introduce criterios operativos para estas dependencias, lo que sugiere ajustes en la forma en que los gobiernos subnacionales administran y sostienen dichos registros en la práctica. Para conocer el alcance preciso de cada cambio —incluyendo procedimientos, plazos o responsables— conviene revisar el texto completo de la norma publicado en el Diario Oficial El Peruano.

¿A quién afecta?

El impacto se distribuye en distintos niveles:

Gobiernos regionales y municipalidades, que deberán adaptar sus procedimientos internos a los nuevos criterios operativos.
Funcionarios y servidores públicos a cargo de los registros, quienes son los responsables directos de la implementación.
Personas con discapacidad y sus familias, pues la correcta operatividad de estos registros incide directamente en su acceso a programas sociales, certificaciones y otras prestaciones del Estado.
Organizaciones de la sociedad civil que acompañan procesos de inclusión, ya que podrían verse involucradas en la difusión o monitoreo de los cambios.

Qué debes tener en cuenta

Los registros subnacionales no son simples bases de datos: articulan información con el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad que administra el propio CONADIS, y su actualización oportuna tiene consecuencias concretas para la elegibilidad de beneficios. Algunas consideraciones prácticas:

Las entidades regionales y municipales deben revisar si sus procedimientos vigentes requieren adecuación ante los nuevos criterios operativos.
Las personas con discapacidad que aún no están inscritas en un registro regional o municipal tienen un incentivo adicional para gestionar su inscripción, especialmente si esta modificación simplifica o clarifica el proceso —aunque el detalle específico debe verificarse en la norma.
Los equipos legales de gobiernos locales harán bien en contrastar la directiva modificada con sus directivas internas para detectar posibles inconsistencias.

Mantener estos registros actualizados y bien gestionados es una condición básica para que la política de inclusión pase del papel a la realidad; esta resolución es un paso en esa dirección que merece seguimiento cercano.