DS 012-2026-JUS: nuevo protocolo para remisión y acuerdo reparatorio

El Decreto Supremo N° 012-2026-JUS marca un paso relevante en la articulación del sistema de justicia penal peruano: mediante un protocolo interinstitucional, se busca estandarizar cómo operan dos mecanismos alternativos de resolución de conflictos que, en la práctica, han funcionado de manera dispersa y poco uniforme entre las distintas instituciones involucradas.

¿Qué establece la norma?

El decreto aprueba el Protocolo de Actuación Interinstitucional para la aplicación de la Remisión y el Acuerdo Reparatorio, publicado el 25 de julio de 2026. En términos concretos, fija un marco de coordinación entre las entidades del sistema de justicia para que la remisión —mecanismo que permite apartar del proceso penal a ciertos imputados bajo condiciones específicas— y el acuerdo reparatorio —salida alternativa basada en el resarcimiento a la víctima— se apliquen de forma homogénea y articulada. La iniciativa surge desde la Secretaría del Consejo de Ministros, lo que refleja una vocación transversal: no es una norma interna de una sola institución, sino una herramienta de gobernanza para múltiples actores públicos.

¿A quién afecta?

El protocolo tiene impacto directo sobre un conjunto amplio de operadores y ciudadanos:

• Fiscales y jueces penales, que deberán ajustar sus procedimientos al protocolo al momento de evaluar y tramitar estos mecanismos.
• Defensores públicos y abogados privados, quienes negocian y gestionan acuerdos reparatorios o solicitudes de remisión en nombre de sus clientes.
• Imputados y víctimas, especialmente en delitos de menor gravedad donde estas salidas alternativas son más frecuentes.
• Instituciones del sistema penitenciario y de reinserción, que participan en el seguimiento de los casos derivados por remisión.

Qué debes tener en cuenta

Que exista un protocolo interinstitucional significa que la coordinación entre entidades pasa a tener un cauce formal: las actuaciones ya no dependen solo del criterio individual de cada operador. Para los abogados, esto implica conocer el protocolo antes de plantear cualquier estrategia de salida alternativa, pues los pasos, plazos y condiciones concretos —que conviene revisar directamente en el texto completo de la norma— podrían diferir de la práctica habitual en cada distrito fiscal. Para las víctimas, la estandarización puede representar mayor previsibilidad sobre cómo se gestionará la reparación que les corresponde.

Estar al día con este decreto no es opcional para quienes litigan en materia penal: los protocolos interinstitucionales suelen convertirse rápidamente en el estándar que fiscales y jueces exigen respetar.