DS N° 128-2026-EF: Reglas para el aguinaldo de Fiestas Patrias 2026

El aguinaldo por Fiestas Patrias es uno de los beneficios económicos más esperados por los trabajadores del sector público cada año. Con la publicación del Decreto Supremo N° 128-2026-EF, la Secretaría del Consejo de Ministros formaliza las reglas que regirán su entrega en el presente ejercicio fiscal, dotando de marco jurídico claro a un pago que impacta a miles de servidores del Estado.

¿Qué establece la norma?

El Decreto Supremo N° 128-2026-EF, publicado el 8 de julio de 2026, dicta las disposiciones reglamentarias para el otorgamiento del aguinaldo por Fiestas Patrias correspondiente al Año Fiscal 2026 en el sector público. Este tipo de norma reglamentaria tiene por función precisar las condiciones, alcances y procedimientos bajo los cuales las entidades públicas deben efectuar el pago, dentro del marco presupuestal vigente. Para conocer los montos, requisitos de elegibilidad y plazos exactos de desembolso, conviene revisar el texto completo de la norma publicada en el Diario Oficial El Peruano.

¿A quién afecta?

La norma impacta directamente a actores del ámbito estatal:

• Servidores públicos activos bajo los distintos regímenes laborales del Estado (D. Leg. 276, CAS, Ley SERVIR, entre otros, según lo que establezca la norma).
• Entidades del gobierno nacional, regional y local, que deben sujetarse a las disposiciones para ejecutar el gasto correctamente.
• Áreas de recursos humanos y presupuesto de las instituciones públicas, responsables de gestionar y acreditar el pago oportuno.
• Pensionistas del sector público, cuya inclusión o exclusión conviene verificar en el texto oficial.

Qué debes tener en cuenta

Las normas reglamentarias de aguinaldo suelen fijar condiciones como tiempo mínimo de servicios, situación laboral al momento del corte y el calendario de pago; sin embargo, los detalles específicos de este decreto deben consultarse directamente en su texto oficial. Los servidores deben verificar con su oficina de recursos humanos si cumplen los requisitos aplicables y si su régimen laboral queda comprendido. Las entidades, por su parte, deben asegurar la disponibilidad presupuestal y respetar los plazos que la norma establezca para evitar responsabilidades administrativas.

Estar al tanto de este tipo de disposiciones reglamentarias permite tanto a servidores como a gestores públicos actuar con anticipación y garantizar el cumplimiento oportuno de un derecho económico reconocido anualmente.