Ley 32735: cambia el Código Penal Militar Policial y el CPP

La Ley N.° 32735, publicada el 21 de julio de 2026, introduce cambios significativos en dos cuerpos normativos clave: el Código Penal Militar Policial (Decreto Legislativo 1094) y el nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo 957). Su relevancia radica en que aborda un problema de alta sensibilidad pública: la infiltración del crimen organizado en las filas de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad del Estado.

¿Qué establece la norma?

La ley actúa en tres frentes simultáneos. Primero, precisa el concepto de delito de función, categoría que delimita cuándo la conducta de un militar o policía debe ser juzgada por la justicia castrense y no por la ordinaria —una distinción que históricamente ha generado conflictos de competencia. Segundo, refuerza el marco normativo que protege y respalda el ejercicio legítimo de la función militar y policial, dotando de mayor claridad a los supuestos en que el agente actúa dentro de sus atribuciones. Tercero —y quizá el punto más novedoso—, establece sanciones específicas para los efectivos que participen en bandas u organizaciones criminales, cerrando un vacío que permitía que estas conductas fueran procesadas sin un tipo penal ajustado a la condición del infractor.

¿A quién afecta?

El alcance de esta norma es amplio y toca a distintos actores:

• Personal militar y policial en actividad, quienes quedan sujetos a las nuevas tipificaciones y sanciones.
• Fiscales y jueces, tanto del fuero militar policial como del fuero común, que deberán aplicar los nuevos criterios para determinar competencia.
• Ministerio Público y PNP, en su labor de investigación de delitos cometidos por efectivos en connivencia con organizaciones criminales.
• Ciudadanía en general, que se ve afectada directamente por la efectividad —o inefectividad— de las fuerzas del orden.

Qué debes tener en cuenta

Desde el punto de vista práctico, la precisión del delito de función es el cambio con mayor impacto procesal inmediato: cualquier caso en trámite que involucre a un efectivo podría requerir una revisión de competencia. Para quienes litigan en estos fueros, conviene revisar el texto completo de la norma y analizar si los tipos penales modificados inciden en procesos vigentes.

Asimismo, la incorporación de sanciones por participación en organizaciones criminales abre la puerta a un tratamiento más severo y diferenciado para este perfil de imputado, con posibles implicancias en materia de prisión preventiva, inhabilitación y pérdida de grados. Los detalles específicos de cada sanción y los umbrales aplicables deben verificarse directamente en el texto publicado en El Peruano.

Esta ley responde a una demanda sostenida de la sociedad peruana por una institucionalidad más depurada; su aplicación efectiva dependerá, en última instancia, de la voluntad política y de la capacidad operativa del sistema de justicia para procesar estos casos con rigor.