Ley N° 32696: medidas para la Nueva Carretera Central

El Congreso de la República ha promulgado la Ley N° 32696, publicada el 3 de julio de 2026 en el Diario Oficial El Peruano, con el propósito de asegurar la ejecución del Proyecto de Inversión Nueva Carretera Central. Se trata de una norma con implicancias directas para la conectividad del país, dado que la Carretera Central es uno de los ejes viales más críticos del Perú, articulando Lima con la sierra y selva central.

¿Qué establece la norma?

La Ley N° 32696 dispone medidas de continuidad, priorización y coordinación interinstitucional orientadas específicamente a la ejecución del Proyecto de Inversión Nueva Carretera Central. Esto significa que el Estado adopta un marco normativo destinado a evitar interrupciones en el desarrollo del proyecto, establecer su carácter prioritario frente a otros procesos administrativos o presupuestales, y ordenar la actuación coordinada de las entidades públicas involucradas. Para conocer los mecanismos concretos, plazos y responsabilidades específicas que la ley define, conviene revisar el texto completo de la norma.

¿A quién afecta?

El alcance de esta ley involucra a múltiples actores del sector público y privado:

• Entidades del Ejecutivo, en particular aquellas vinculadas a transporte, economía y planificación de inversiones, que deberán alinear sus acciones conforme a las medidas de coordinación.
• Gobiernos regionales y locales de los territorios por donde atraviesa el corredor vial, que podrían verse convocados a participar en la implementación.
• Operadores privados y contratistas que intervengan en la ejecución del proyecto.
• Ciudadanía y sectores productivos de las regiones de Lima, Junín, Pasco y Huánuco, que dependen del eje vial para el transporte de personas y mercancías.

Qué debes tener en cuenta

Normas de este tipo suelen implicar que el proyecto queda blindado frente a posibles paralizaciones administrativas o presupuestales, lo que reduce riesgos de discontinuidad pero también exige que las entidades involucradas actúen con mayor diligencia y en plazos definidos. Si tu institución, empresa o actividad guarda relación con este corredor vial, es recomendable identificar qué obligaciones o ventanas de participación abre la ley. Para ello, conviene revisar el texto completo publicado en El Peruano y consultar con un especialista en derecho de infraestructura o contratación pública.

Proyectos de esta envergadura marcan hitos en la política de infraestructura nacional; mantenerse informado sobre su marco legal vigente es clave para quienes operan en los sectores logístico, constructivo o de inversión pública.