Ley N° 32697 amplía protección de personas con discapacidad

La Ley N° 32697, publicada el 4 de julio de 2026, introduce modificaciones significativas a la Ley General de la Persona con Discapacidad (Ley 29973), norma marco que rige la protección de este grupo desde 2012. Su relevancia radica en que no se limita a ajustes formales, sino que apunta a reforzar garantías concretas y, además, incorpora un enfoque preventivo que amplía el alcance tradicional de esta legislación.

¿Qué establece la norma?

La Ley 32697 modifica la Ley 29973 en dos ejes principales. El primero consiste en ampliar la protección de los derechos y el cuidado de las personas con discapacidad, lo que supone fortalecer el marco jurídico existente para que las obligaciones del Estado y los privados sean más exigentes o completas. El segundo eje introduce medidas orientadas a la prevención de discapacidades, lo que representa un giro relevante: la norma ya no solo responde a situaciones de discapacidad existente, sino que busca anticiparlas. Los artículos modificados y los alcances específicos de cada cambio deben consultarse en el texto completo de la norma publicado en el Diario Oficial El Peruano.

¿A quién afecta?

El impacto de esta ley es amplio y transversal:

• Personas con discapacidad y sus familias, que podrían acceder a mayores garantías en atención, cuidado y ejercicio de derechos.
• Entidades públicas (ministerios, gobiernos regionales y locales, colegios, hospitales) obligadas a adaptar sus servicios y políticas internas.
• Empleadores del sector privado, que ya tienen obligaciones bajo la Ley 29973 en materia de cuotas de empleo y ajustes razonables.
• Operadores de salud y rehabilitación, especialmente relevantes frente al nuevo enfoque preventivo.
• Conadis y organismos de supervisión, que deberán implementar o actualizar los mecanismos de fiscalización.

Qué debes tener en cuenta

Dado que se trata de una modificación a una ley marco, los efectos prácticos dependerán de qué artículos específicos fueron alterados y si la norma contempla plazos de adecuación o reglamentación posterior —detalles que conviene revisar en el texto completo de la ley—. En el ámbito laboral y de servicios públicos, es recomendable que las organizaciones auditen sus protocolos actuales a la luz de las nuevas disposiciones, sin esperar a que se produzcan observaciones de los organismos supervisores. El enfoque preventivo, por su parte, podría generar obligaciones nuevas para el sector salud y educación que aún requieren desarrollo reglamentario.

Mantenerse actualizado sobre esta modificación no es solo una cuestión de cumplimiento: es una oportunidad para fortalecer entornos más inclusivos desde la base.