Ley N° 32705: Perú impulsa el cierre de la brecha digital en Loreto

La brecha digital no es solo un problema tecnológico: es una expresión concreta de la desigualdad. La Ley N.° 32705, publicada el 4 de julio de 2026, apunta directamente a ese problema al establecer un marco de políticas orientadas a garantizar conectividad en los territorios que históricamente han quedado al margen del acceso digital, con especial atención al departamento de Loreto.

¿Qué establece la norma?

La ley promueve el cierre de la brecha digital en el departamento de Loreto y en zonas caracterizadas por altos niveles de pobreza, exclusión social y limitada conectividad digital. Su mecanismo central son las políticas de acceso: intervenciones dirigidas desde el Estado para reducir las disparidades en el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información. Loreto se menciona expresamente, lo que sugiere un reconocimiento legislativo explícito de su situación de rezago frente a otras regiones del país. Para conocer los mecanismos, plazos, instituciones responsables y criterios de focalización específicos, conviene revisar el texto completo de la norma.

¿A quién afecta?

El alcance de esta ley toca a varios actores de manera directa o indirecta:

• Poblaciones de Loreto, incluidas comunidades rurales, indígenas y urbano-marginales con acceso limitado a internet.
• Habitantes de zonas de pobreza y exclusión social en otras regiones, en la medida en que cumplan los criterios que defina la norma.
• Entidades del Estado con competencias en telecomunicaciones, educación, salud y desarrollo social, que deberán alinear sus planes a este mandato.
• Operadores de telecomunicaciones que potencialmente participen en la implementación de la política de acceso.

Qué debes tener en cuenta

El principal valor práctico de una ley de este tipo es que genera una obligación política y presupuestal para el Estado: ya no basta con declarar la importancia de la conectividad, sino que existe un marco legal que puede exigirse. Para las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos locales de las zonas focalizadas, esto representa una herramienta de incidencia concreta.

Quienes trabajan en proyectos de inclusión digital, cooperación técnica o inversión en infraestructura de telecomunicaciones deben revisar el texto íntegro para identificar si la norma crea fondos, encargos institucionales o metas medibles. Del mismo modo, los ciudadanos de las zonas afectadas pueden encontrar en esta ley un respaldo para exigir servicios que antes carecían de sustento normativo expreso.

Estar informado sobre este tipo de legislación es el primer paso para traducirla en acción concreta sobre el territorio.