Proyecto que deroga la Ley de Impunidad Militar Policial

El debate sobre quién juzga a militares y policías cuando cometen delitos en el ejercicio de sus funciones es uno de los más sensibles del derecho penal peruano. Este proyecto de ley, presentado ante la Cámara de Diputados, propone deshacer una reforma reciente que había desplazado esa competencia fuera del fuero ordinario, y tiene implicancias directas sobre garantías constitucionales, derechos humanos y el modelo de accountability de las fuerzas del orden.

¿Qué establece la norma?

El Proyecto de Ley N.° 00004-2026-2031-CD, presentado el 5 de agosto de 2026, plantea derogar la Ley 32735, identificada públicamente como la «Ley de Impunidad Militar Policial». Al mismo tiempo, busca restituir la competencia de la justicia penal ordinaria para conocer los casos en que miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional incurran en conductas delictivas. En términos prácticos, significaría que esos casos volverían a ser investigados y juzgados por fiscales y jueces del Poder Judicial, bajo las reglas del Código Penal y el Código Procesal Penal comunes, en lugar de permanecer bajo una jurisdicción especial. El proyecto se encuentra actualmente en estado presentado, por lo que aún no ha concluido el proceso legislativo.

¿A quién afecta?

El alcance de esta iniciativa es amplio y toca a actores muy distintos:

Víctimas de abusos policiales o militares, quienes verían fortalecida la vía para acceder a tutela jurisdiccional efectiva ante el fuero común.
Efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuyas condiciones de procesamiento penal cambiarían de forma sustancial si la propuesta prospera.
Abogados penalistas y defensores de derechos humanos, que deberán reorientar estrategias procesales según el foro competente.
El Estado peruano, en cuanto a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la doctrina interamericana sobre jurisdicción militar.

Qué debes tener en cuenta

La derogación de una ley no opera de manera automática sobre procesos ya en curso: la legislación procesal peruana contempla reglas de ultractividad y tránsito normativo que determinan qué norma se aplica a hechos anteriores. Si tienes un caso vinculado a la competencia del fuero militar o policial, es fundamental revisar el texto íntegro del proyecto y —si se aprueba— la ley resultante para entender los efectos en procedimientos pendientes.

Desde una perspectiva más amplia, iniciativas de este tipo suelen acompañarse de debates sobre el principio de juez natural y las garantías del debido proceso para los propios imputados; conviene seguir de cerca el dictamen que emitan las comisiones parlamentarias correspondientes, pues allí se precisarán los alcances concretos y las disposiciones transitorias.

Este proyecto está en etapa inicial y su contenido definitivo puede variar durante el debate parlamentario; mantenerse informado sobre su avance es clave para anticipar cualquier impacto en la práctica forense o en la defensa de derechos.